jueves, 15 de marzo de 2012

SABIAIS QUE.....


El Preámbulo del BOE de 31 de diciembre de 2011 dice:
La importante desviación del saldo presupuestario estimada en el momento presente  para el conjunto de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2011 respecto al  objetivo de estabilidad comprometido, obliga al Gobierno a tomar medidas de carácter urgente para su corrección.
Estas primeras medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto.
Con estas acciones se pretende garantizar que el sector público español inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y déficit públicos.
Así comienza el preámbulo del  Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicado en el BOE de 31 de diciembre de 2011.
A partir de ese día estas son algunas de  las medidas de ajuste presupuestario que afectan a la ciudadanía del Estado Español en general y que se han aplicado en aras de la credibilidad  de la deuda y los déficits públicos:
·       - El Gobierno aumenta el IRPF hasta 2014.
·       - Sube también el IBI.
·        -Sube  la jornada de los empleados públicos, cuyo salario se mantiene congelado,
·          se eleva a 37,5 horas su jornada
·       - Se limita la Renta Básica de Emancipación de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30          años que viven de alquiler a aquellos que ya la perciben y se elimina para los nuevos solicitantes.
·        -Se aplaza la incorporación de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia
·        -En Impuestos Especiales, ha eliminado prácticamente la bonificación al gasóleo profesional.
·        -Se recorta la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición
·        -Se retiran infinidad de ayudas a cooperación al desarrollo y a ONGS
·        -Se reducen   en un 20 por ciento las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos y        las organizaciones empresariales.
·       - Se tramita como proyecto de ley la Reforma Laboral del miedo, etc etc etc.

Es evidente que estas y todas las demás medidas aprobadas afectan a la ciudadanía en General ,, ONGS , Partido Políticos, Sindicatos, Funcionariado Publico, Empresari@s , Trabajadoras y Trabajadores , paradas/os , pero esta misma excusa de la Crisis Económica deja fuera  la Financiación de la Iglesia Católica.
Así, pues el pasado 31 de diciembre el gobierno del Partido Popular aprobó un decreto que, mientras  aumentaba los impuestos a las rentas del trabajo y recortaba gasto público con la excusa de la crisis económica,  dejaba fuera de este importante “esfuerzo colectivo” a la Iglesia Católica.
Volvemos a citar el BOE de 31 de diciembre de 2011
Durante el año 2012 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, exigencia de recortes y esfuerzos  para todas las personas  y escandaloso  trato de favor presupuestario a la Iglesia Católica  para  seguir financiando  creencias religiosas, a cargo del erario publico de un estado aconfesional.
Orkoien Egunero entiende que es absolutamente escandaloso seguir con la financiación de la iglesia católica mientras más de once millones y medio de personas en España, un 25.5% de la población, están en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, datos que se reflejan en el último informe publicado La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Comunidad de Madrid. 

lunes, 5 de marzo de 2012

MOCIÓN ANTE LOS PLANES DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE RESTRINGIR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA RENTA BÁSICA


A propuesta del grupo municipal de Orkoien Egunero en el Ayuntamiento de Orkoien se plantea la siguiente MOCIÓN ANTE LOS PLANES DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE RESTRINGIR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA RENTA BÁSICA

A la vista del Anteproyecto de Ley Foral elaborado por Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, por la que se regula la Renta de Inclusión social; el Ayuntamiento de Orkoien, valorando la incidencia negativa que tendría en las personas socialmente más vulnerables de nuestro pueblo, quiere incidir en la continuidad de la RENTA BÁSICA como una prestación económica periódica destinada a los hogares que carezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas, garantizada y que siga siendo considerada un derecho de la ciudadanía navarra.

En definitiva, el Ayuntamiento de Orkoien propone la paralización del poceso de elaboración de la nueva Ley Foral por la que se regula la Renta de Inclusión Social y el mantenimiento de las condiciones de acceso y percepción de la Renta Básica de acuerdo con la actual legislación vigente:

ü       Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales.
ü       Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la Renta Básica.
ü       Orden Foral 58/1999 de 17 de Agosto, por la que se desarrolla el Decreto Foral 120/1999 que regula la renta básica
ü       La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales (Capítulo III, punto b, Art. 20).
ü       La Cartera de Servicios Sociales en el ámbito general, aprobada en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, dentro de la atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo (Anexo 1. Letra F, Art. 7)
ü       Ley Foral 13/2008, de 2 de Julio, de modificación de la ley Foral 9/1999.

En las actuales circunstancias de destrucción de empleo, las medidas restrictivas que pretenden adoptarse en este ámbito no responden a principios elementales de justicia social; muy al contrario, desde el Gobierno de Navarra deben desarrollarse los sistemas públicos de protección que permitan el desenvolvimiento de las personas en un contexto de derechos ciudadanos orientados a prevenir y, en su caso, a paliar las situaciones de pobreza y exclusión que la crisis económica está generando en amplios sectores de nuestra sociedad.